NOTA DE PRENSA

·Propone modificar el Código Penal para aumentar las penas en función a la cantidad con que se trafique

El vicepresidente Primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha propuesto hoy en el Consejo Superior de Lucha Contra el Tráfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales la modificación de la Ley del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, con el objetivo de agilizar su aplicación.

Rajoy ha planteado, entre otros aspectos, la posibilidad de que la autoridad judicial pueda autorizar la subasta pública de los bienes incautados por estos delitos antes de que se dicte sentencia. En la actualidad se producía un deterioro y pérdida de valor de los bienes incautados por el largo período de tiempo transcurrido desde que era incautado hasta que se dictaba sentencia y se podía hacer líquida la incautación, a través de subastas, para integrarla en el Fondo.

La gestión del Fondo procedente de decomisos, sin embrago, ha mejorado en los últimos años en importantes aspectos como la consolidación de la organización de subastas centralizadas en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas o la progresiva reducción del tiempo de tramitación de los decomisos. El Fondo se destina, cada año, tanto a la reducción de la demanda y la prevención, como a la represión y la lucha contra el tráfico de drogas.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Rajoy ha señalado que ha informado, asimismo, al Consejo de otras propuestas de modificaciones legislativas entre las que ha destacado:

• La necesidad de modificar el Código Penal en orden a aumentar las penas en función de la cantidad con que se pretenda o se haya traficado; aumento de penas para los que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo de capitales, y la penalización de la participación y/o pertenencia a una organización criminal.

• La ampliación de la figura de los colaboradores de la Justicia, de modo que baste para obtener una atenuación de la pena con colaborar con la Justicia, sin que sea preciso que concurran además las otras dos circunstancias que hoy son necesarias: el abandono voluntario de la actividad delictiva y la presentación ante las autoridades confesando el delito.

• Incorporación al Código Penal de la Prueba de Indicios, para considerar probado el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. "En este sentido -afirmó Rajoy- hemos propuesto que se incorporen como indicio con valor probatorio el incremento inusual de patrimonio, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen dicho incremento, y la constatación de algún vínculo con actividades de tráfico de drogas o con personas o grupos relacionados con las mismas".

• Incorporación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interceptación de las Comunicaciones y, en particular, incorporar la no obligación de comunicar al interesado la intervención de su teléfono o de sus comunicaciones, así como hacer extensible la interceptación de las comunicaciones a todos los medios tecnológicos (internet, correo electrónico…)

PROYECTO SITEL

El Gobierno tiene previsto invertir, según ha anunciado el ministro, 2.300 millones hasta el 2003 en la lucha contra la utilización de telecomunicaciones por parte de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, terrorismo y otras formas de crimen organizado.

Para ello se ha elaborado el Proyecto SITEL que, mediante reformas legales y soluciones tecnológicas, dará respuesta institucional en materia de interceptación de las comunicaciones.

PROYECTO SENDA

El Ministerio del Interior pondrá en marcha, asimismo, un Sistema de Estadística Nacional sobre Drogas y Análisis (SENDA), que será útil a efectos de tratamiento y análisis de la información y que permitirá la integración de la información actual de las distintas bases de datos gestionadas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Rajoy afirmó que el Proyecto SENDA mejorará la eficacia actual en la elaboración mensual de la Estadística Nacional sobre Drogas, "pues en la actualidad -aseguró- se elabora con tiempos de procesamiento elevados y posibilidades de análisis y tratamiento de la información muy limitados. Además, existe una incompatibilidad con los sistemas informáticos utilizados por los diferentes Cuerpos Policiales".

DROGA INCAUTADA

El ministro ha apuntado, además, que antes de verano se dispondrá de un mapa definitivo de la futura Red de Laboratorios de Drogas y Puntos de Recepción en el que esta trabajando una Comisión Interministerial en el que participan el Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía Especial Antidroga.

Esta Red, con la que se aborda de forma integral el análisis, la custodia y la destrucción de las drogas decomisadas, contará, en un principio, con 19 laboratorios de drogas -uno por Comunidad Autónoma y en Ceuta y Melilla- más once puntos de actuación como Centros de Recepción de la droga a la espera de su destrucción.

POTENCIACIÓN DE LA OCNE

Rajoy ha destacado la necesidad de reforzar la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE) "como órgano centralizador y coordinador de la información relacionada con la represión de drogas".

En este sentido se ha sometido a consideración del Consejo Superior contra el Tráfico de Drogas una propuesta para crear en la OCNE un registro de operaciones en curso que evite que se dupliquen las investigaciones y, por lo tanto, que se optimice la utilización de los recursos humanos.

UNIDAD DE INSPECCIÓN

En el transcurso de la reunión, el Consejo ha analizado, asimismo, la propuesta de ampliación del equipo encargado de las inspecciones a los operadores que realizan actividades con productos químicos de uso lícito susceptibles de ser utilizados de forma ilícita, las sustancias conocidas con la denominación de precursores.

En este sentido, se ha planteado la posibilidad de crear una Unidad Central de Inspección de Operadores, así como de aprobar un Plan de Inspección Administrativa de Precursores. Igualmente se ha analizado la puesta en marcha de un nuevo grupo de inspección en Cataluña.